Trabajo final presentado en el seminario de investigación "Acciones Colectivas, protestas y Movimientos Sociales en el interior del país. El contexto de América Latina", a cargo de GER-GEMSAL, FSOC, UBA. Diciembre 2014.
ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN
El objetivo de este trabajo es
analizar las acciones de resistencia al agronegocio llevadas a cabo por el
pueblo de Malvinas Argentinas de la provincia de Córdoba, Argentina, desde el
año 2012 en adelante. Se busca conocer las características de las prácticas
sociales que se oponen a la construcción y desarrollo de la planta de la
empresa Monsanto destinada a la experimentación y procesamiento de maíz
genéticamente modificado. El supuesto que guía el estudio es que en el proceso
de resistir, los actores de Malvinas Argentinas construyen espacios de
autonomía -siempre individual y social a la vez-, en donde se interpelan a sí
mismos, a la sociedad y a su entorno, y en los cuales surge el germen de un
actuar reflexivo con potencialidad de transformar la formación social
instituida y las significaciones imaginarias en el que ésta se fundamenta.
Se entiende que las acciones de
resistencia analizadas, se sitúan en un contexto signado por la acumulación por desposesión. Se trata de
un proceso que atraviesa las relaciones sociales, económicas, culturales y
políticas, iniciado en los albores del capitalismo y desarrollado en el
transcurso de diferentes etapas (Teubal y Palmisano, 2012). Analíticamente,
pueden distinguirse tres momentos históricos: la conquista de América y era
colonial donde se configura la economía mundo y se llevan adelante las primeras
actividades extractivas alrededor del saqueo del oro y la plata, y
posteriormente, de la producción de azúcar. La era liberal y la conformación de
las economías primario-exportadoras hacia fines del siglo XIX y comienzos del
XX, donde los metales son desplazados por la adquisición y valoración de la
tierra. Y, la etapa actual, con predominio del neoliberalismo y la configuración
de un nuevo extractivismo. En esta última se centra el trabajo.
En el presente, la acumulación
originaria -teorizada por Marx en el Capítulo XXIV de El Capital- se complejiza
adoptando un renovado y amplificado proceso de mercantilización (Seoane, 2013).
Al respecto, David Harvey (2004) ha analizado que a los rasgos que en la
actualidad forman parte de la geografía del capitalismo, y que tienen
reminiscencias con lo ocurrido en la acumulación originaria, se le suman otros
nuevos que configuran lo que el autor ha denominado como acumulación por desposesión. Ésta se organiza principalmente
alrededor del énfasis en los derechos de propiedad intelectual, la biopiratería
y pillaje del stock mundial de recursos genéticos en beneficio de unas pocas
grandes empresas multinacionales, la depredación de los bienes ambientales
globales (tierra, aire, agua), y la corporativización y privatización de los
servicios públicos. Todo esto “constituye una nueva ola de cercamiento de los
bienes comunes” (p.115).
En este modelo, la tierra, el agua,
los minerales, y la biomasa resultan cada vez más estratégicos para la
reproducción del sistema económico hegemónico, el cual es regulado a través del
neoliberalismo globalizado. Justamente, el modelo extractivista reemerge
durante las transformaciones ejecutadas por gobiernos que implementan la
doctrina neoliberal. En una instancia inicial, durante la década de 1970, donde
se produce una internacionalización de las transacciones comerciales y
financieras bajo la gestión de gobiernos militares. Y en una segunda etapa, a
partir de la década de 1990 en adelante, los Estados han adoptado medidas
tendientes a la liberalización y flexibilización de las instituciones,
desregulando y desarticulando el andamiaje institucional.
Su objetivo principal
era impulsar con mayor ahínco la mercantilización de la tierra en detrimento de
sus otros múltiples sentidos. Con ello se trató de desregular y desarticular el
andamiaje institucional que en muchos países había sido establecido para
defender y promover, aunque fuera tibiamente, las economías campesinas o de
pequeños y medianos productores agropecuarios (Teubal y Palmisano, 2012: 9).
En líneas generales, las actividades
extractivas -minería, hidrocarburos, forestal, agronegocio- se caracterizan por
la privatización, la mercantilización, el patentamiento de la biodiversidad y
los genes,
y la apropiación intensiva de bienes comunes. Son actividades que comprometen
cada vez más la capacidad de resilencia de los ecosistemas, generan el
arrinconamiento de las poblaciones, y se sustentan por medio de la violencia
estatal-legal y paraestatal en los territorios disputados (Wahren, 2011).
MARCO
TEÓRICO
Debido a las características del
objeto de estudio, se requiere profundizar en aquella actividad extractiva que
organiza el sistema hegemónico de producción, distribución y consumo de
alimentos: el agronegocio. Durante los últimos años, éste ha ido estableciendo
una racionalidad diferente de producir alimentos al desplazar prácticas de la agricultura
tradicional. Al mismo tiempo, fue transformando los hábitos alimentarios de un
país:
la lectina de
soja desplazó a las grasas animales de la gran mayoría de los alimentos a base
de harina (galletitas, panificados, golosinas, etc.) generando que en la
actualidad la población argentina consuma a diario alimentos modificados
genéticamente sin que exista ninguna identificación en ellos (Giarracca y
Palmisano, 2013: 165).
Una de las dimensiones que más
se destacan es la conformación de los ‘pools de siembra’ o complejos agroindustriales, y la
incorporación creciente en el sector agrario de la tecnología de punta y la
provisión de insumos: semillas, fertilizantes, agroquímicos, herbicidas y
maquinarias. Como describen Giarracca y Teubal (2008),
Las grandes
empresas semilleras, combinadas con las que venden los agrotóxicos
–introducidos de forma creciente en el sector-, adquieren una preeminencia
inusitada en el sistema agroindustrial de nuestro país, en gran medida
potenciada como consecuencia, primero, de las denominadas revoluciones
tecnológicas de los híbridos (revolución verde) y, más recientemente, de los
transgénicos (la revolución biotecnológica). (p. 154).
Las transnacionales que lideran
el sector proveen dichos elementos buscando maximizar al corto plazo las
ganancias, y como fuentes para la innovación y el desarrollo económico del país.
Sin embargo, este proceso conlleva al endeudamiento y la dependencia cada vez
mayor de los productores al paquete tecnológico: “Los productores que logran
sobrevivir y mantenerse en el sector se ven sujetos más que nunca a la
agricultura de contrato que el agronegocio le impone, o bien, a la provisión de
semilla y al paquete tecnológico que la semillera exige” (p.155).
A la par, el agronegocio ha
convertido los alimentos en commodities y a la tierra en una mercancía más. Éstos
cotizan en el mercado bursátil especulativo orientando la producción hacia el
mercado externo en detrimento de las necesidades del mercado interno, convirtiendo
la actividad en un negocio financiero. Bajo este modelo, se privilegia el
desarrollo de las ‘economías a escala’ orientadas a la exportación granaria, en
lugar de las necesidades de productores familiares y del consumo interno del
país. Los productores agropecuarios, en particular los chacareros y campesinos,
son desplazados u obligados a reconvertir su actividad por los grandes
productores o terratenientes y por ‘pools de siembra’ favorecidos a partir del
proceso de sojización.
Por lo tanto, es una lógica productiva que acrecienta la concentración de la
tierra. Es un hecho conocido como el landgrabbing,
es decir, la actividad agropecuaria tiende cada vez más al acaparamiento de
tierras bajo la propiedad de unos pocos productores e inversionistas.
Otra consecuencia destacable del
agronegocio, es el implante del monocultivo en la región pampeana y también en lugares
del país que en el pasado se dedicaban a otro tipo de producciones más acordes
a la geografía y necesidades de cada región. Se va produciendo, entonces, un corrimiento
de la frontera agraria y un aumento de la deforestación con el fin de disponer
la tierra para el cultivo, mayormente, de la soja.
A esta realidad, se suma el uso intensivo que hace del agua y el suelo, porque es
una lógica productiva que no respeta la rotación de cultivos del método
tradicional. Ello,
más el excesivo uso de agroquímicos/agrotóxicos como el glifosato, provoca la erosión
de los suelos e inutilización para futuras siembras debido al socavamiento de
su fertilidad.
Vinculada directamente con el
modelo productivo, se suplanta la ganadería extensiva por el método de feedlot.
Éste produce alimentos de menor calidad, mayor sufrimiento animal, y potencia
la gestación de enfermedades y serios impactos ambientales como la degradación
y contaminación de las napas acuíferas: “cuando las lagunas de mierda que
forman los corrales drenan hacia abajo, llenan las napas (que antes eran
consideradas inagotables y puros reservorios) con partículas tóxicas, químicos,
remedios, virus y bacterias.” (Barruti, 2013: 190).
Giarracca y Teubal (2008) caracterizan
al modelo como una ‘agricultura sin agricultores’, por su carácter excluyente
respecto a la agricultura familiar y campesina. “Específicamente, el
agronegocio es la expresión en el mundo rural del modelo civilizatorio
neoliberal. Esto implica una profunda transformación de las estructuras
productivas y de los actores que actúan en y sobre ellas” (Giarracca y
Palmisano, 2013: 162). Sumado a las características ya mencionadas, en los
lugares donde se instala la actividad extractiva, se generan tensiones entre
las poblaciones locales y los intereses de las multinacionales del agronegocio.
Su tendencia hacia la monopolización corporativa de los eslabones locales y
globales de producción, distribución, cambio y consumo que componen la cadena
agroalimentaria, y esta propensión creciente hacia la sojización del agro y el monocultivo, va desplazando otras territorialidades
y saberes. El agronegocio, por ende, pone en peligro la soberanía alimentaria
de los pueblos. A su vez, su desarrollo atenta contra la biodiversidad, y está
involucrado con serias consecuencias para la salud humana, animal y la
reproducción del ecosistema en su conjunto (Barri, 2013).
Interpelados por este contexto, emergen
organizaciones y movimientos sociales que disputan los territorios y organizan
su acción en contra de los intereses, sentidos y lógicas de las actividades
extractivas (GER-GEMSAL, 2013). Siguiendo la conceptualización de Wahren
(2011), son acciones que resignifican a los actores como movimientos sociales
territorializadados, en el sentido que
la
territorialidad radica en la reapropiación social, cultural, económica y
política de un espacio geográfico determinado. Es en ese espacio habitado y
practicado socialmente donde estos movimientos sociales construyen proyectos
disruptivos con, por lo menos, alguna de las dimensiones del orden social
económico, cultural, político, educativo, sanitario, etc.” (p. 14).
Llevan a cabo prácticas
colectivas reflexivas que cuestionan y visibilizan las problemáticas de una
localidad. Como se detallará posteriormente, las acciones llevadas a cabo por
el pueblo de Malvinas Argentinas, persiguen el objetivo de frenar la
construcción de la planta de Monsanto para prohibir la fase de operación. Pero
también, operan como espacios denunciantes y visibilizadores del modelo excluyente,
saqueador y asesino.
La acción de estos movimientos
emergentes, entendidos también como nuevos movimientos sociales, es analizada
en términos de Melucci (1994). Se entiende que los actores involucrados
organizan su comportamiento, producen significados y establecen relaciones
entre sí mismos y el ambiente. Por lo tanto, la acción comprendida como acción colectiva es un “resultado de
intenciones, recursos y límites, una orientación intencional construida
mediante relaciones sociales desarrolladas en un sistema de oportunidades y
obligaciones” (p. 137). Durante el proceso mismo de resistencia, se va
construyendo una identidad colectiva
a partir de la interconexión constante entre:
“1. formulación
de las estructuras cognoscitivas relativas a los fines, medios y ámbito de la
acción; 2. activación de las relaciones entre los actores, quienes interactúan,
se comunican, negocian y adoptan decisiones; 3. realización de inversiones
emocionales que permiten a los individuos reconocerse.” (Melucci, 194: 173)
Compuesto por interacciones, por
reconocimiento emocional, y por construcciones cognoscitivas comunes entre los
actores, el proceso identitario permite la resignificación del territorio. De
este modo, el territorio opera como ‘campos de experimentación social’, es
decir, como espacios de subjetivación territorializada: los movimientos logran
desplegar procesos de reterritorialización de carácter disruptivo con la
territorialidad extractiva hegemónica, resignificando las formas de habitar y
practicar los territorios como dimensiones creativas, autogobernadas,
autogestionadas y de autonomía, constituyéndose, así, como territorios
insurgentes (Wahren, 2011). Se reconfigura como un espacio de construcción
colectivamente hacia una nueva organización social, donde los actores “se
instituyen, instituyendo su espacio, apropiándoselo material y simbólicamente”
(Zibechi, 2003: 187). Se trata de construcciones colectivas contrahegemónias al
modelo que impone el neoliberalismo globalizado.
Siguiendo a Revilla Blanco (2010),
este tipo de movimientos contemporáneos va produciendo una concepción
alternativa de ciudadanía ya que cuestionan y vuelven a dar significado a las
relaciones económicas, políticas, sociales, y culturales históricamente
constituidas. Son, por ello, una ‘escuela de ciudadanía’:
“(…) los
movimientos sociales son uno de los medios existentes para hacer visibles las
reivindicaciones, propuestas, demandas y problemas sociales. Pero son también
mucho más que un medio: son el espacio
en el que se crean, recrean y transmutan las identidades colectivas.” (p. 55).
Puntualmente, este trabajo comprende
este tipo de procesos sociales a través del concepto de autonomía de Cornelius
Cartoriadis (2008). En esta línea, es posible pensar a los movimientos sociales
como espacios posibilitadores para la construcción de autonomía. Mientras el
régimen del neoliberalismo globalizado constituye la heteronomía de la sociedad
instituida contemporánea. Esto es, porque niega y oculta su dimensión
instituyente fijando roles sociales predefinidos por la sociedad (individual y
colectiva a la vez). Su poder se instituye en las psiques e imaginarios
sociales creando individuos sujetos a su formación social.
Sosteniendo su modelo
histórico-social a través de las propiedades que ha creado del ‘ser-así del
mundo’, el neoliberalismo se da “apariencia de la ‘espontaneidad’ más completa
y en realidad estamos ante la heteronomía más total posible” (Castoriadis,
2008: 4). Para el caso, ha instituido al agronegocio como único saber válido en
la producción agropecuaria. Al respecto, el análisis de Hernández (2009) sirve
de modo ilustrativo:
“El marco
teórico agribusiness originalmente producido en la arena académica fue
apropiado por actores sociales en condiciones históricas, políticas y sociales
precisas, generando sus propias prácticas materiales y representaciones. (…)
decimos que el paradigma de los agronegocios es una suerte de caballo de Troya,
a través del cual se hace referencia a un modelo de organización societal que
supone mucho más que una opción de negocios. Es posible pensarlo como el marco
ideológico que construye sentido y legitima (social y políticamente) el nuevo
modo de relacionamiento agroproductivo argentino, cuyo horizonte se ha
globalizado definitivamente” (p. 43).
La sociedad que ha creado, anula
otras significaciones coexistentes sobre cómo habitar y producir. Son, para el
marco del agronegocio, como ‘transgresiones’ o ‘patologías’ de la heteronomía
instituida.
Pese al poder que ejerce la
sociedad instituida -la sociedad que es-, puede ocurrir, también, el momento de
la puesta en duda de las significaciones sociales instituidas y de la ruptura
con la heteronomía. Los sujetos pueden “encontrar o crear medios sociales de
una expresión pública original y contribuir a la autoalteración del mundo
social” (Castoriadis, 2008: 2). Si ello sucede, los sujetos recuperan la
capacidad instituyente del individuo, es decir, la capacidad de cambiar de modo
reflexivo la sociedad. Se comienza a recuperar, así, la autonomía perdida en la
forma de la heteronomía.
Es cuando se crea el germen de
un proyecto de autonomía colectiva e individual que permite a los individuos
darse a sí mismos sus leyes. Se crea política, dándose lugar para la actividad
colectiva explícita de una manera reflexiva y deliberativa. Supone, por lo
tanto, un actuar autorreflexivo. Como define Castoriadis:
“La autonomía
es pues el proyecto (…) que tiende, en un sentido amplio, a la puesta al día
del poder instituyente y su explicación reflexiva (que no puede nunca ser más
que parcial); y en un sentido más estricto, la reabsorción de lo político, como
poder explícito, en la política, actividad lúcida y deliberante que tiene como
objeto la institución explícita de la sociedad (así como de todo poder
explícito) y su función como nomos, diké y télos –legislación, jurisdicción,
gobierno- hacia fines comunes y obras públicas que la sociedad se haya propuesto deliberadamente” (2008: 16 y 17).
El fin de la heteronomía, es
decir, el poder de la autonomía, supone una acción reflexiva en un movimiento
sin fin de manera a la vez individual y social. Reconoce, siempre, que toda
formación social es un producto de lo social e histórico y que tiene, por ello,
potencialidad de ser transformada. La existencia de la autonomía se relaciona
con la elaboración de instituciones que maximicen la participación de los
individuos reflexivos en la construcción de una política colectiva. Nace a
partir del cuestionamiento hacia la heteronomía instituida y las propiedades
dotadas de sentido por la institución y las significaciones imaginarias de una
sociedad dada. La autonomía es potencialidad para modificar el imaginario
radical[8] a través de la
sociedad instituyente. Busca crear nuevos poderes y normas que instituyan un
orden más cercano a los intereses colectivos y, así, germinar individuos más
autónomos.
Tal como señala Svampa para
caracterizar a los movimientos sociales latinoamericanos de los últimos años,
“el territorio aparece como un espacio de resistencia y también,
progresivamente, de resignificación y creación de nuevas relaciones sociales”
(2012: 77). A su vez, la acción colectiva de estos movimientos, adopta la acción
directa como herramienta de lucha, desarrolla formas de democracia directa para
la toma de decisiones y prácticas asamblearias, y plantea la demanda de autonomía
como eje organizativo y estratégico.
PRESENTACIÓN DEL CASO
La empresa Monsanto autodefine
su esencia como proveedora de la agricultura sustentable. “Producir más.
Conservar más. Mejorar la calidad de vida.”, son sus tres tópicos principales.
Al mismo tiempo, enfatiza la necesidad de trabajar junto a los agricultores con
el fin de satisfacer las necesidades actuales y futuras del planeta[9]. Una breve historización sobre
Monsanto puede servir para problematizar su aparente naturaleza benefactora y sustentable,
y comprender las consecuencias que implica el uso de sus productos y su
presencia en el territorio de Malvinas Argentinas.
A partir del artículo digital escrito
por Soriano y Zunino (2007), se rastrea que la actual transnacional Monsanto
tuvo origen en el año 1901 en la ciudad de San Louis, Missouri, de los E.E.U.U.
Nació como una empresa farmacéutica y alimentaria, su principal producto era el
endulzante artificial sacarina. Hacia las décadas de 1920 y 1930, se convirtió
en una de las principales empresas fabricantes de ácido sulfúrico y bifenilo
policlorado (PCB), enfocando su actividad en la fabricación de plásticos y
fibras sintéticas. No obstante, su viraje más importante ocurrió a finales de
los años ’40, cuando comenzó a fabricar herbicidas. Éstos contenían dioxina,
dicen las autoras: “(…) una sustancia altamente contaminante y que había
enfermado a muchos trabajadores y personas que estuvieron en contacto con ella”.
Y agregan: “Fue así que hacia los años ‘50 los especialistas en guerra química
de los Estados Unidos se interesaron en esta sustancia como una posible arma
química y Monsanto hizo acuerdos con ellos”. Durante 1960 y comienzos de 1970,
Monsanto colaboró en la fabricación del Agente Naranja, uno de los tantos herbicidas
utilizados en la Guerra de Vietnam:
“En esa época
se rociaron 80 millones de litros de herbicidas (químicos) sobre Vietnam, en
una superficie aproximada de 1.5 millones de hectáreas para despejar los
bosques y facilitar los bombardeos a la población. (…) Estos químicos
destruyeron bosques, campos de arroz, cosechas enteras, envenenaron las aguas y
provocaron graves daños al medio ambiente, además de envenenar a la población y
provocar enfermedades como cáncer y defectos de nacimiento. (…) No sólo la población
de Vietnam resultó afectada por estos químicos, también los soldados
Estadounidenses que estuvieron expuestos al Agente Naranja tuvieron problemas,
algunos presentaron después de algunos años, cáncer en la piel y algunos tipos
de tumores cancerígenos”.
Adoptando la actividad que la
caracteriza hoy día, para el año 1981 Monsanto comenzó a innovar en la
industria biotecnológica y la fabricación de organismos genéticamente
modificados. Actualmente, controla el 90 % del mercado mundial de semillas transgénicas
mediante el patentamiento y la adquisición de licencias. En el caso de
Argentina, está presente en el país desde 1956 cuando aún operaba como
productora de plásticos, y luego en la década de 1970 como acondicionadora de
herbicidas. Ya en el marco de la denominada revolución biotecnológica y el neoliberalismo
globalizado, en el año 1996 se libera en el país la semilla de soja sin
patentamiento alguno. Esto generalizó y expandió su uso entre los productores. Pero,
el glifosato[10] sí fue patentado por Monsanto. Como
explica Perelmuter, esto contrajo que, vencida la patente del glifosato en el
año 2002, “la empresa comenzó a ejercer intimidaciones a los productores por el
supuesto uso ilegal de las semillas, amenazando con salirse del mercado argentino
y cobrando regalías en los puertos de destino de exportación de la soja de
aquellos países donde sí tienen la patente” (2013: 111). En el año 2010, juicio
internacional de por medio entre el Estado argentino, la Unión Europea y la
transnacional, ésta anuncia su ida del país. Sin embargo, ocurre que en 2012 el
gobierno nacional aprueba la nueva soja Intacta RR2 Pro y se informa sobre el
proyecto para modificar la Ley de Semillas de la República Argentina[11]. A su vez, en junio del mismo
año, es anunciada la instalación de la segunda planta Monsanto más grande del
mundo dedicada a la experimentación y procesamiento de maíz transgénico, en la
localidad de Malvinas Argentinas de la provincia de Córdoba[12].
Algunas cifras presentadas en la
web de Monsanto sobre la planta destinada al tratamiento y acondicionamiento de
semillas de maíz para la siembra son: se construirá en un predio de 28 ha a 9.5
km al Sudeste de la Ciudad de Córdoba, tendrá una capacidad máxima para la
producción de 3.5 millones de bolsas de semillas para la siembra, contempla la
generación de 400 nuevos puestos de trabajo, y la utilización del 70 % de
materiales de origen nacional. En el video promocional se explicita el lema de
Monsanto: “mejorando la agricultura, mejoramos la vida de la gente”.
Imagen 1:
Localización de la planta de Monsanto en las cercanías de Malvinas Argentinas,
provincia de Córdoba, Argentina.
Fuente: Imagen satelital confeccionada
por REDUAS. 2012.
Un estudio realizado por la Red
Universitaria de Ambiente y Salud y Médicos de Pueblos Fumigados[13], describe las implicancias que
tendría la instalación de la planta en el lugar. Debido a los procesos industriales
que convierten a las semillas de maíz en resistentes a hongos e insectos, en la
planta se procesarían enormes cantidades de agroquímicos con la finalidad de
preparar la semilla transgénica para la siembra. Éstas tendrán la capacidad de
contaminar la tierra y el agua durante años. Y el mismo tratamiento para
impregnar de venenos a las semillas, no sólo consume cantidades siderales de
agua, sino que genera líquidos residuales. A su vez, los 200 silos de 137
toneladas destinados al almacenamiento, serán fuente de polución aérea. La zona
donde se instala la planta tiene fuertes vientos procedentes del este-noreste.
Esto significa que trasladarían la nube tóxica procedente del venteo de los
silos. En suma, la planta es una fuente más de contaminación ambiental y
nocividad para la salud y la vida de las personas.
Respecto las promesas de trabajo
y progreso reivindicadas por el gobierno municipal, provincial y nacional, y
los representantes de la compañía, tampoco resultan cien por cien fiables. Como
veíamos en el apartado anterior, el agronegocio es una lógica productiva que
tiende al desplazamiento y la desaparición de los pequeños agricultores y
campesinos. La generación de puestos de trabajo resulta un mito del desarrollo
capitalista (Castoriadis, 1980) donde las actividades existentes terminan
siendo desmanteladas por las grandes corporaciones, como Monsanto. Además, otra
cuestión vinculada, es que los empleos se otorgarían solamente en la fase de
construcción, luego, con la planta operando, la misma empresa contrataría
personal altamente calificado y especializado en el sector. En general, estos
puestos de trabajo son ocupados por personal contratado desde exterior del
país.
Ahora bien, la realidad muestra
que el pueblo de Malvinas Argentinas ha ido deslegitimando el proyecto de la
planta Monsanto. Un antecedente emblemático para ello, fue el caso del Barrio
de Ituzaingó Anexo, también de la provincia cordobesa, protagonizado por las
llamadas “Madres de Ituzaingó Anexo” y los colectivos “Paren de Fumigar”. Se
trata de un barrio de 6.000 habitantes que durante la década de 1990 en
adelante ha ido siendo circundado por campos de soja.
Con el correr de los años, un
grupo de madres empezó a detectar que sus hijos y vecinos padecían problemas de
salud similares, como cáncer, leucemia, abortos espontáneos, malformaciones,
diabetes, lupus, desórdenes tiroideos, afecciones respiratorias, etc. Una de
las madres, Sofía Gatica, comenzó a realizar un relevamiento manzana por
manzana de las personas enfermas y el tipo de enfermedad que padecían. “Cuando
lo tuve listo lo llevé al Ministerio de Salud y les dije: ‘Esto lo hice yo y
algo está pasando. Por favor investiguen esos campos y el agua’. Y ellos
quedaron muy sorprendidos, pero no hicieron nada.” (Entrevista a Sofía Gatica,
en Barruti, 2013: 110).
Para el año 2006, el gobierno
provincial realizó una muestra de sangre en treinta niños. Los resultados
indicaron que la totalidad tenía pesticidas en sangre. En 2008, y como
resultado de la presión y reclamos de la comunidad organizada, se dictaron
ordenanzas municipales que establecieron la emergencia sanitaria y ambiental y
prohibieron fumigaciones alrededor del barrio (Ordenanzas N° 10505, 10589,
10590), derivando finalmente en la prohibición de las fumigaciones en todo el
ejido de la ciudad[14]. Sin embargo, las fumigaciones
terrestres y aéreas siguieron siendo una fuente de agresión tóxica para la
población.
Imagen 2:
Mapeo del Barrio Ituzaingó Anexo.
Fuente: Página web de REDUAS. 2012.
Transcurridos cuatro años,
finalmente, en 2012 la Cámara del Crimen Nº 1 de la Provincia de Córdoba, lleva
a cabo el juicio a dos productores sojeros y a un aviador fumigador por violar
la Ley de Residuos Peligrosos 24.051, las ordenanzas municipales y la Ley
Provincial de agroquímicos Nº 9164, condenándolos a realizar trabajo
comunitario.
Si bien la condena resultó ser
leve en comparación a los daños ocasionados en la salud de los habitantes del
barrio, el caso sentó un importante precedente en la lucha contra las
fumigaciones y por el derecho a la salud y la vida. Al mismo tiempo, sirvió
para nuclear diferentes poblaciones afectadas y organizar acciones contra el
modelo extractivista.
Sucedió, entonces, que el mismo
día en que se dictó el fallo que confirmó las denuncias de las “Madres de
Ituzaingó”, la Presidenta Cristina Fernández anunció desde E.E.U.U. por cadena
nacional, la instalación de la planta Monsanto en Malvinas Argentinas (Periódico
MU Nº 71). Ese mismo día, un grupo de madres, hijos, vecinos, jóvenes y
militantes autoconvocados constituyeron la Asamblea Malvinas Lucha por la Vida.
La intención era informar a la comunidad y movilizarse para conseguir que se
realice una consulta popular que decidiera el futuro de la planta en la
localidad. Cabe destacar que entre el Barrio Ituzaingó Anexo y la localidad de
Malvinas Argentinas hay una distancia de sólo 10 kilómetros, sin transporte
directo que conecte los puntos. Fue la presencia de un enemigo en común lo que
unió las luchas, conformándose la acción colectiva ‘FueraMonsanto’.
Imagen 3:
ubicación geográfica de Malvinas Argentinas y el Barrio Ituzaingó, Provincia de
Córdoba, Argentina.
Fuente: Confección propia, mapa
recortado del MapQuest en Observatorio Nacional de la Degradación de Tierras y
Desertificación. 2014[15].
La noche anterior al 18 de
septiembre de 2013, y con motivo del festival Primavera sin Monsanto, dio
comienzo el acampe y bloqueo ideado por Sofía Gatica y el doctor Andrés
Carrasco[16], para evitar que el predio
fuera acordonado por la policía. De este modo, inició el acampe que bloquea las
dos entradas al predio. El objetivo concreto es paralizar la construcción de la
planta impidiendo el ingreso de materiales: “Como nadie garantizaba que
Monsanto cumpliera la ley (se refiere a un fallo que ordenó la paralización de
las obras hasta no se presentara un informe de Impacto Ambiental), lo hicimos
nosotros con el acampe”; “Somos ciudadanos que luchan por sus derechos porque
el Estado no nos protege. Estamos desamparados. Y si no lo hacen ellos, lo
tendremos que hacer nosotros. Y así seguiremos.” (Asambleístas, entrevistas
realizadas por Periódico MU Nº 79, p. 6 y 7). Asimismo, el acampe funciona como una forma de
protesta contra Monsanto y el modelo productivo: “Estamos en contra de la
empresa Monsanto. Estamos en contra del modelo productivo que se ha instalado
en Argentina. Y estamos a favor de la salud y de la vida. Nosotros no
negociamos la salud” (Sofía Gatica, entrevista televisada por Bichos de campo
entre Sofía Gatica y Adrián Vilaplana, gerente de Monsanto, publicada en Periódico
MU Nº 71, p. 8).
Una estrategia para mantener la
acción en el predio, ha sido la solicitud por parte de los acampantes de la colaboración
de los vecinos para la repartición de alimentos, bebidas, carpas y personas que
quieran participar del bloqueo. Por otro lado, el acampe viene resistiendo
varios intentos de desalojo. Uno de ellos ha sido el de la patota de la UOCRA. Las “Madres de Ituzaingó” presentes, se
acostaron en fila en la ruta para impedir el avance de los camiones, luego, se
sumaron los vecinos de Malvinas Argentinas en respaldo del bloqueo. La unión
logró el retiro de los oficiales y camioneros quienes, que sin el respaldo de
un amparo legal, no supieron más que hacer. Al día siguiente, representantes de
la UOCRA descendieron de dos colectivos. Estaban armados con palos, bombas
caseras y armas, y comenzaron a atacar los puntos de bloqueo. Hubo veinte
heridos. En la zona cercana al acampe, los vecinos iniciaron un corte de la
Ruta A-188. Luego llegaron carros de infantería. En el marco de una tensa
situación, se colocaron de espalda a los atacantes y en defensiva contra los
acampantes a los que luego abrieron fuego. “Los trajeron a las siete de la
mañana en un colectivo. Entraron a las carpas, al lugar donde estaban los
chicos, los golpearon, los apedrearon, destrozaron las cosas” (Ester Quispe,
integrante de la Asamblea Malvinas Lucha por la Vida). A pesar de la represión,
en una entrevista a Vanina Vaca (también miembro de la Asamblea), ella remarcó
que: “El acampe se mantiene. No nos vamos. En estos días se han retirado más
empresas contratistas, la construcción de la obra civil está totalmente
detenida”[17].
El 8 de enero de 2014, como
resultado de las denuncias realizadas por el Dr. Raúl Montenegro y el abogado
Federico Macciocchi, la sala Segunda de la Cámara en lo Laboral ordenó la
prohibición de continuar las obras de Monsanto. Se cita a continuación el fallo:
“Ordenar a la Municipalidad de Malvinas
Argentinas se abstengan de autorizar a la firma Monsanto Argentina SAIC, toda
implementación, obra, ejecución o acción, hasta tanto no se cumplimente con la
realización del correspondiente Estudio de Impacto Ambiental y la celebración
de una audiencia pública, que establecen la Ley General del Ambiente N° 25.675,
la ley provincial 7343 y el decreto 2131/0. Asimismo ordenar que se suspendan
las obras que se llevan a cabo con los permisos otorgados por los instrumentos
normativos tachados de arbitrarios e inconstitucionales a través de la presente
resolución”[18].
Para el 10 de febrero, el
gobierno provincial anunció que no se ha aprobado el estudio de impacto
ambiental presentado por la empresa, en tanto, resultó ser insuficiente y de
baja calidad técnica. Hasta el momento, Monsanto no ha presentado un segundo
estudio de impacto ambiental, cuestión exigida por la Asamblea Malvinas Lucha
por la Vida. Al mismo tiempo, se comenzó a cuestionar la legalidad de la
instalación de la planta, ya que según la Ordenanza Municipal 714 que adhiere a
la Ley Provincial 9841, no coincide su ubicación con el mapa de ordenamiento
territorial que regula el uso del suelo en la región Metropolitana de Córdoba.
La zona donde Monsanto proyecta la planta, figura como área de producción
agropecuaria no contaminante y/o área recreativa. Por lo tanto, lo que se
debate actualmente es que la permanencia de la empresa está siendo de forma
ilegal, y nunca tendría que haberse instalado en el predio por estar violando
la regulación vigente de usos de suelo.
Como se ha mencionado
previamente, el pueblo de Malvinas Argentinas ha ido deslegitimando la presencia
de Monsanto en el territorio. El último sondeo realizado a 358 vecinos por el
CONICET, publicado en agosto de 2014 bajo el título “Estudio de opinión pública
y comportamiento ciudadano en Malvinas Argentinas”[19], arrojó, entre otras cifras,
que el 73,35 % está de acuerdo con las acciones de los vecinos en oposición a
Monsanto, el 90,63 % está de acuerdo con la realización de una consulta popular
o referéndum sobre la instalación de Monsanto, y el 57.02 % votaría por el ‘No
a la planta de Monsanto’ en contra de un 21,73 % que votaría por el ‘Sí’. Las
acciones para resistir la construcción de la planta y el rechazo al modelo
extractivista continúan hasta el día de hoy: bloqueo con acampes en el predio,
marchas en la ciudad de Córdoba y en Malvinas Argentinas, y festivales
‘FueraMonsanto’ coordinados y convocados a través de Internet y realizados en
distintos puntos del país.
PROBLEMATIZACIÓN
Según el análisis realizado en
los apartados anteriores, surge el siguiente interrogante: ¿las acciones de
resistencia al agronegocio protagonizadas por el pueblo de Malvinas Argentinas
construyen prácticas autonómicas?
Se puede pensar que en el
contexto de este proceso de resistencia, los actores habilitan espacios de
autonomía en el momento que tensionan el fundamento de la heteronomía
instituida del modelo económico, político, histórico y social que sostiene al
proyecto de Monsanto en la localidad analizada. En este sentido, es factible
preguntarse: si los espacios de autonomía podrían surgir a partir del
cuestionamiento al discurso presentado por la empresa y los actores del Estado.
Si las construcciones y motivaciones significativas son causa para que nazcan
prácticas hacia el proyecto autonómico de la sociedad. O también, si la
deslegitimación de Monsanto por el pueblo de Malvinas Argentinas ha sido
resultado de un proceso autoreflexivo sobre las consecuencias del
desenvolvimiento de la planta y las implicaciones del accionar de la
transnacional a nivel local, y mundial también.
A su vez, considerando las
estrategias para resistir el avance de la planta (bloqueo, acampe, unión ante
los abruptos intentos de desalojo, asambleas, marchas, festivales convocados),
sería importante detectar si han resultado ser espacios de acción colectiva
idóneos para instituir prácticas autonómicas entre vecinos y organizaciones. Y
si la puesta en duda de esta heteronomía ha contribuido a germinar la
construcción de la identidad colectiva ‘FueraMonsanto’ como un contrapoder con
potencialidad de transformar la formación social instituida y las
significaciones imaginarias en el que ésta se fundamenta.
Otro aspecto es dar cuenta de
las características que asume la reterritorialización en este caso, para
identificar reconstrucciones identidades y lazos sociales perdurables en el tiempo
que gesten acciones autónomas y formas alternativas de pensar, producir y
habitar más cercanas a los intereses colectivos.
Respecto al proceso legal que
hasta el momento viene paralizando las obras de Monsanto, cabe indagar sobre un
posible uso reflexivo de las normas fundadas por la sociedad instituida. Es
decir, como una experiencia individual y social deliberativa que ha dado vuelta
las propiedades heterónomas de la sociedad, para ponerlas al servicio de la
resistencia a la planta de Monsanto.
Una última cuestión relacionada
con los interrogantes postulados, es si a partir de las formas alternativas de
producir alimentos, de promover la construcción deliberativa de las normas, y de
reactivar prácticas políticas como las asambleas y la organización horizontal
entre pares, la experiencia del pueblo de Malvinas Argentinas está creando un
nuevo sujeto de autonomía capaz de movilizar el imaginario radical y producir la
ruptura con la heteronomía instituida.
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